El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha asegurado este viernes que el Cabildo de Fuerteventura no estableció "medidas cautelares de protección" para los dos inmuebles de la céntrica calle Eustaquio Gopar, derribados esta semana, cuando se dio traslado de la solicitud de licencia al departamento de Patrimonio Histórico.

El Consistorio señala que las edificaciones estaban incluidas en el ámbito del Plan Especial de Protección (PEP) del antiguo Plan General de Ordenación (PGO) de Puerto del Rosario.

Sin embargo, cuando el documento fue remitido al Gobierno de Canarias para su aprobación final en 2007, se fundamentó "en un  estudio que entre sus conclusiones indicaba que una vez analizado el conjunto de edificios y su estado constructivo no se han detectado valores en ninguno de ellos que justifique la aplicación de normas de protección”.

"Esto motivó", según el Ayuntamiento capitalino, "que en la normativa del propio Plan Especial de Protección no se recogieran limitaciones de conservación de las edificaciones existentes en el ámbito, permitiéndose incluso la demolición de las mismas".

"Aunque no se culminó la aprobación del Plan Especial de Protección", el Ayuntamiento señala que cuando recibió la solicitud de licencia para la demolición de los citados inmuebles en la calle Eustaquio Gopar, "tramitó la correspondiente cooperación interadministrativa a la Consejería de Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura que dirige Juan Jiménez".

Así, el Consistorio resalta que la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias "faculta al Cabildo a tomar las medidas cautelares oportunas", para que el consejero procediera a "la adopción de esas medidas de protección de las edificaciones en ausencia de catálogos de protección si así lo estimaba necesario".

En este sentido, "el escrito remitido desde la citada Consejería de Patrimonio Histórico no dispuso la adopción de estas medidas cautelares de protección, no teniendo por tanto la administración municipal argumentos legales que impidiesen la resolución favorable de la licencia solicitada", agrega el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

"Este Ayuntamiento por ser  consciente del sentimiento que desprende la zona y por ello, a pesar de que no existe ninguna limitación al respecto, consultó la viabilidad de la actuación a la administración con competencias subsidiarias en materia de Patrimonio Histórico", en referencia a "la Consejería que dirige Juan Jiménez".

"Por esta razón", agrega el Ayuntamiento, "esta administración no entiende las declaraciones vertidas por el consejero" en las que manifiesta: "En 2017 le habíamos remitido un informe al Ayuntamiento requiriendo la conservación de ese inmueble". Al contrario, el Consistorio asegura que "el informe mencionado no contempla ninguna medida concreta de conservación para los inmuebles, ni siquiera manifiesta la necesidad de denegar la demolición solicitada ni tomar ninguna medida cautelar al respecto".

Las licencias, "títulos reglados"

"No podemos obviar que las licencias urbanísticas", concluye el Consistorio, "son títulos reglados que se conceden por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento a propuesta de informes técnicos y jurídicos que garantizan la aplicación igualitaria de derechos a todos los ciudadanos y apartarse de los mismos puede suponer responsabilidades duramente  penadas".

El Ayuntamiento sostiene que "siempre  ha trabajado para poner en valor nuestro patrimonio histórico"  y asegura que "seguirá trabajando para poder lograr el equilibrio entre la conservación y el desarrollo de este municipio".

En este sentido, añade que "desde hace tiempo la administración municipal se encuentra  elaborando los documentos necesarios para proceder a la contratación del servicio de redacción del catálogo municipal de protección arquitectónica, herramienta que garantizará en todo el municipio la conservación de las edificaciones que presenten  valores dignos de protección".