La Fiscalía ha admitido a trámite una denuncia de Podemos por presunta prevaricación en la adquisición, por parte del Cabildo de Fuerteventura, de una nave industrial destinada a distintos departamentos de la Corporación insular.

Según informó la formación política este lunes, la Fiscalía ha deducido la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa y destaca que el Ministerio Fiscal señala "concretamente" a diversos cargos públicos.

En ese sentido, señala a Manuel Miranda (CC), actual Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y exconsejero de Hacienda del Cabildo, a Edilia Pérez (CC), consejera insular de Obras Públicas o a Rita Díaz (PSOE), concejal en el Ayuntamiento de Tuineje y exconsejera insular de Agricultura.

Según Podemos, la Fiscalía también señala a los antiguos consejeros insulares Eugenio Cabrera Montelongo (PP) y Manuel Travieso Darias (AMF), también exalcalde de Puerto del Rosario y exsenador por CC.

Lo que Podemos puso en conocimiento de la justicia fue la adquisición por parte del Cabildo majorero de una nave situada en la zona industrial de El Cuchillete, en el término municipal de Tuineje, "supuestamente con la finalidad de servir como centro logístico" para los departamentos de Carreteras o Medio Ambiente, entre otros, en el sur de la Isla.

La nave fue adquirida a la empresa Comercial Vehículos Maxorata SL por 1,1 millones de euros "a pesar de tres informes negativos emitidos por la Secretaría del Cabildo", que explicaban que en el expediente no se justificaba "por qué el nuevo centro de trabajo pretendido debe estar en esa ubicación concreta y no en otra".

Los informes también apuntaban que el propio Cabildo ya cuenta, en propiedad y a poca distancia, con unas naves ubicadas en los Llanos de la Higuera, considerando que podían ser utilizadas para el fin pretendido. "Las restricciones efectuadas en el pliego de prescripciones técnicas hacen que el procedimiento se aproxime a un procedimiento de adjudicación directa".

La formación morada explica que la nave adquirida no cuenta con acceso directo a la carretera FV-2, uno de los requisitos del pliego, y la propia Fiscalía concluye que ni siquiera debiera haber sido admitida a licitación, por lo que nos encontraríamos ante la "injusta adquisición de una nave que no podía servir a los fines públicos para los que debería ser destinada".

La Fiscalía también considera que se ocasionó "el desembolso injustificado" de 1,1 millones de euros "del erario público, fruto de una decisión que parece arbitraria de Manuel Miranda Medina", seguida del "injusto acuerdo de la Mesa de Contratación de admitir a licitación a la empresa".

"Intereses privados"

Podemos observa que las condiciones establecidas en el pliego estaban dirigidas a comprar esa nave en concreto "por intereses privados", dándose la circunstancia de que la empresa adjudicataria se encontraba "en graves problemas económicos y que la nave mantenía una hipoteca de 805.000 euros".

"Estas actuaciones, por encima de la ley y del interés general, son una muestra de la corrupción entendida como una forma de gobernar por parte de Coalición Canaria y sus sucesivos apoyos", concluye el portavoz de Podemos, Andrés Briansó.