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CCOO alerta de la posible reconversión de prisiones canarias en centros de internamiento de inmigrantes

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias alertó este martes de la posibilidad de que el Ministerio del Interior esté considerando la posibilidad de utilizar parte de los centros penitenciarios canarios como centros de internamiento de inmigrantes, una posibilidad “repulsiva” que, además, está prohibida por la ley.

El sindicato señala que este lunes, el Ministerio decidió destinar parte de las instalaciones del centro penitenciario de Archidona, en Murcia, al internamiento de los inmigrantes llegados en las últimas fechas. Tal medida supone una vulneración de las leyes de extranjería, así como del reglamento de funcionamiento de los CIE, aprobado por el gobierno en 2014, en todos los cuales “se repite con insistencia que los centros donde se retenga a inmigrantes no tendrán jamás carácter penitenciario, aspecto que se conculca flagrantemente por parte del Ministerio al retener a estas personas en un edificio con consideración de centro penitenciario”.

Esta medida, aparte de constituir una “manifiesta ilegalidad”, crea un “peligroso precedente” que podría originar actuaciones similares en las distintas regiones receptoras de inmigración ilegal como puede ser el Archipiélago canario y más concretamente en Gran Canaria, donde el centro penitenciario de Juan Grande aún no está completamente operativo, “por decisiones exclusivamente políticas”, con un 40% de sus instalaciones sin abrir, y que a la vista de los acontecimientos podría ser utilizado para los mismos fines “si se permite la ilegalidad llevada a cabo en Archidona”.

Para FSC-CCOO tras estas maniobras podría encontrase también una estrategia de privatización de las prisiones y su reconversión en centros de internamiento de extranjeros. Por ese motivo, el sindicato exige “la restauración inmediata de la legalidad vigente en materia de extranjería, el destino del CP de Archidona a los fines legalmente previstos (reinserción y resocialización de los internos a ellos destinados), el compromiso por parte del Ministerio del Interior de no conculcar nuevamente la legalidad vigente, y aclarar los fines de su acción de gobierno en materia penitenciaria”.

El sindicato denuncia, además, que más de un centenar de trabajadores penitenciarios de todas las prisiones de Canarias están pendientes de su traslado para la apertura de Archidona y su puesta en funcionamiento, asimismo el mismo número de trabajadores, en su mayoría trabajadores canarios, están a expensas de esos movimientos para regresar a las islas y poder trabajar en Canarias sustituyendo a dichos compañeros. El sindicato solicita a la Administración que aclare su situación y que ejecute “inmediatamente” dicho concurso.

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